¿De dónde vienen las inmatriculaciones?

La inmatriculación es la primera inscripción de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad y en ella figura la descripción de dicho bien, a quién pertenece y el título por el que se posee. La inscripción por certificación de la autoridad eclesiástica se remonta al siglo XIX, como respuesta a la legislación desamortizadora de la Iglesia y estuvo amparada por las constituciones liberales de la época, permaneciendo vigente hasta 2015. Esta posibilidad de inscripción –que se mantiene para las administraciones públicas– coincide con el origen del Registro de la Propiedad. El problema era que una ingente cantidad de los bienes del Estado y de la Iglesia carecían de titulación a efectos de inscripción registral: la adquisición procedía de tiempo inmemorial y no podía acreditarse, por lo que debía acudirse a otro expediente diferente del ordinario.

En este sentido, ha de recordarse que el registro no confiere la propiedad de los bienes y que las inmatriculaciones se han realizado conforme a la legislación vigente en cada momento, con las garantías y los procedimientos establecidos en la ley. Es más, como la función del Registro es únicamente probatoria o certificadora de la propiedad, el artículo 207 de la propia Ley Hipotecaria estableció un periodo de dos años desde la inmatriculación para que la misma pudiera surtir efectos frente a terceros.